Afirmando que la vida del dirigente cocalero Cesar Apaza continúa en peligro, los legisladores de la agrupación Creemos exhortaron al Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, a cumplir con el rol que la Constitución Política del Estado (CPE) le asigna a esta institución, por lo que debe iniciar las acciones legales contra todas las autoridades responsables de las violaciones cometidas contra esa persona, arbitraria e injustamente privada de libertad. Mediante un comunicado emitido por esta organización política, se recordó que la Defensoría del Pueblo debe cumplir su rol constitucional como órgano de protección de derechos humanos y mecanismo nacional de prevención de la tortura y proceder con las acciones necesarias para sancionar a los responsables de las vulneraciones contra Apaza. “Los actos de tortura son considerados violaciones graves de Derechos Humanos y de normas que no pueden ni deben quedar en meras recomendaciones. La CPE y la Ley del Defensor de Pueblo, conceden a la Defensoría la potestad de velar por los derechos de los privados de libertad y la legitiman para que inicie de oficio las acciones encaminadas lograr el cese las vulneraciones contra este ciudadano y exigir responsabilidad administrativa y penal a los autores”, señala parte de la nota. Asimismo, se recuerda que la vida e integridad del líder cocalero continúan en peligro, pues el trato cruel y tortuoso se perpetúa en el tiempo al permanecer detenido preventivamente a pesar de su crítico estado de salud. Este trato cruel que se prolonga por la negación de atención médica a un privado de libertad en las condiciones de Apaza, lo que se constituye en un acto de tortura. “Consideramos que la Defensoría del Pueblo está minimizando la responsabilidad de todos los involucrados ante la pluralidad de violaciones que continúan cometiéndose en contra de César Apaza y otros presos políticos. “La precitada resolución omite las violaciones actuales y evita atribuir responsabilidad a las autoridades de Régimen Penitenciario, a quienes se presume como autores directos de estos ilícitos”, se señala. La semana pasada, desde la Defensoría del Pueblo se estableció que el dirigente cocalero, César Apaza, sufrió trato cruel, degradante y lesiones por parte de la Policía cuando fue aprehendido en septiembre de 2022. La resolución emitida por el ente defensorial recomendó procesar al fiscal Carmelo Laura por haber omitido su obligación de investigar este hecho que podría configurar incluso en una tortura.