El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó su informe sobre los Derechos Humanos en Bolivia 2022, donde devela que reclusos adultos y policías abusaron de internos menores; además de violaciones, extorsión, tortura, agresiones sexuales, trata sexual y amenazas de muerte, en diferentes cárceles del país. También refiere detenciones arbitrarias y una justicia corrupta. “Según informes, reclusos adultos y policías abusaron de reclusos menores. Los programas de rehabilitación para menores u otros presos fueron escasos. Un médico atendía a los reclusos en cada prisión dos veces al mes. Aunque los servicios médicos fueron gratuitos, las prisiones rara vez tuvieron medicamentos a la mano. Prevalecieron las dermatosis y la tuberculosis debido al hacinamiento de los dormitorios y la falta de medicamentos. Las mujeres embarazadas encarceladas carecieron de acceso a servicios obstétricos”, señala parte del documento al que EL DIARIO tuvo acceso. El informe refiere también que las cárceles están superpobladas y carecieron de servicios médicos adecuados, lo que ocasionó condiciones duras y potencialmente mortales. La violencia fue generalizada debido a la falta de seguridad interna. El informe refiere que según la administración penitenciaria del Gobierno, las instalaciones penitenciarias tenían una capacidad combinada para 6.765 personas, pero al mes de marzo la población carcelaria era de 20.864 reclusos. “El problema fue más agudo en las 20 prisiones urbanas. Hombres y mujeres compartieron dormitorios en el Penal de Morros Blancos en Tarija, el Penal de Montero en Santa Cruz, el Penal de Riberalta en Beni y el Penal de Oruro en Oruro”, señala. En otras instalaciones, hombres y mujeres tuvieron dormitorios separados, pero ambas poblaciones se mezclaban todos los días. Las reclusas sufrieron acoso y agresión sexual de manera regular y algunas se vieron obligadas a pagar tarifas de extorsión para evitar ser violadas.VIOLENCIA DE GÉNERO Observadores notaron violaciones generalizadas y una cultura del silencio que reprimió la denuncia de violencia en razón de género por temor a represalias. El informe advierte que la ley permite que niños menores de seis años vivan con una madre encarcelada, pero no con un padre encarcelado, en “condiciones seguras y reguladas”. Niños mayores a veces residieron en centros de detención con madres encarceladas, a pesar de las condiciones inseguras. La ley establece las edades para la detención juvenil de 14 a 16 años y exige que los delincuentes juveniles permanezcan en instalaciones separadas de la población penitenciaria general para facilitar la rehabilitación; sin embargo, muchos delincuentes permanecieron en centros juveniles mucho después de llegar a la edad adulta.SEGURIDAD INADECUADA La violencia en las cárceles y centros de detención fue universal debido a la inadecuada seguridad interna. Los abusos perpetrados por funcionarios penitenciarios incluyeron intimidación sistemática, violación, maltrato psicológico, extorsión, tortura, trata sexual y amenazas de muerte. “Hubo denuncias de violaciones y agresiones sexuales cometidas por las autoridades y por otros reclusos. La corrupción fue generalizada. La capacidad de un recluso de pagar sobornos a menudo determinó su seguridad física, el tamaño de su celda, privilegios de visita, su capacidad de asistir a las audiencias judiciales, su elegibilidad para salidas por el día y el lugar y la duración de su encierro. Los reclusos pudieron comprar un traslado al centro de rehabilitación, un centro de detención recién construido con mejores condiciones de vida”, refiere el documento. Tanto los reclusos como las ONG alegaron que el número de policías fue insuficiente para escoltar a los reclusos a sus audiencias. Los directores de las prisiones a menudo no tomaron medidas para trasladar a los reclusos a sus audiencias, lo que exacerbó la retardación. En ocasiones, policías exigieron sobornos a cambio de otorgar a los reclusos el derecho a asistir a sus propias audiencias. Medios independientes informaron que las denuncias de corrupción contra la Policía eran comunes. Los reclusos dijeron que los guardias extorsionaron dinero para que los reclusos recibieran artículos. “En general, las autoridades no investigaron las denuncias creíbles de malos tratos. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los reclusos pueden presentar denuncias ante una comisión de jueces de distrito para que las investigue, pero con frecuencia no lo hacen por temor a las represalias de las autoridades penitenciarias” se lee. La Dirección General del Régimen Penitenciario instaló buzones de denuncia y creó un grupo de WhatsApp, Messenger para reportar denuncias, pero no quedó claro si las autoridades actuaron ante alguna denuncia.VULNERACIONES Por otro lado, el documento apunta a las autoridades judiciales y al aparato de la fuerza pública como principales promotores de las vulneraciones de los derechos humanos que terminan en prácticas como la tortura, tratos inhumanos o degradantes, condiciones penitenciarias potencialmente mortales, detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión, violencia contra trabajadores de la prensa, graves problemas en la independencia judicial, entre otros. “El Gobierno tomó medidas en algunos casos para procesar a miembros de los servicios de seguridad y otros funcionarios del Gobierno que cometieron abusos o actos de corrupción, pero la aplicación incoherente e ineficaz de la ley y un poder judicial corrupto propiciaron la impunidad”, resalta el informe en su resumen ejecutivo. El reporte rescató el informe de la Defensoría del Pueblo, que en ese entonces estaba a la cabeza de Nadia Cruz, que observó que el Ministerio de Justicia no denunciaba la frecuente tortura practicada por policías. “Las ONG informaron de que las investigaciones policiales recurrían en gran medida a la tortura para obtener información y extraer confesiones. Al parecer, la mayoría de los abusos se produjeron mientras los agentes trasladaban a los detenidos a dependencias policiales o los mantenían recluidos”, sostiene el informe.