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Sabado, 07 de Septiembre de 2024
Diez casos de corrupción que salpican al MAS
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LA CASA GRANDE DEL PUEBLO
“Nunca en toda la historia de Bolivia la corrupción fue tan generalizada en el aparato del Estado y nunca los montos de los desfalcos fueron tan grandes. Los casos de corrupción durante las dictaduras militares o los gobiernos neoliberales son minúsculos por comparación”, afirma Alfonso Gumucio.
El Movimiento al Socialismo (MAS) fue marcado, al menos, por 10 grandes hechos de corrupción que no han sido todavía aclarados y que fueron identificados por el escritor Alfonso Gumucio. Estos casos no sólo abarcan la actual gestión; sino, se extienden hasta los primeros gobiernos de Evo Morales.
En una columna publicada ayer en Brújula Digital, y titulada “Cuero de ballena”, Gumucio hace un repaso a las acusaciones de corrupción del MAS nunca aclaradas.
Primero. El vicepresidente Choquehuanca no se refirió a la acusación de que su hijo de 25 años posee una casa valuada en 300 mil dólares y además ha recibido un préstamo bancario de un millón de bolivianos. “Frente a esa acusación, palidece la otra: que el muchacho ‘trabaja’ en una institución del Estado en un cargo para el que no es idóneo. Choquehuanca ni se mosqueó, simplemente aprovechó para huir en otro de los muchos viajes internacionales”.
Segundo. Los hijos del presidente Arce Catacora fueron acusados de enriquecimiento ilícito y tráfico de grandes extensiones de tierras en Santa Cruz; pero el presidente no comentó el tema.
Tercero. El presidente de diputados “parece inmune” a las acusaciones sobre el contrabando de autos chutos y corrupción a través de funcionarios nombrados por él en la propia cámara baja. Tiene diez bienes declarados y una deuda de 2,7 millones de bolivianos.
Cuarto. Julia Ramos, exdiputada, exministra de Tierras de Evo Morales y ahora vicepresidenta del MAS, luego de haber sido protagonista del escándalo de corrupción del Fondo Indígena (Fondioc), encarcelada y liberada por la “justicia”, tiene 174 propiedades a su nombre en Tarija, según los registros de Derechos Reales.
Quinto. El diputado Jorge Rengel Terrazas sacó del país 51 millones de dólares con destino a Bélgica, Costa de Marfil, Alemania y Turquía; él dijo que esa plata la acumuló con el contrabando de autos chutos. “No podría alcanzar la suma astronómica mencionada ni con más de dos mil vehículos”.
El gobierno de Morales fue marcado por el “emblemático” caso de corrupción de Santos Ramírez, “su amigo de cama y rancho”, con quien compartía un departamento en Miraflores. “En esos días Evo declaró que ‘nunca’ ocuparía la casa presidencial de ‘dictadores y neoliberales’ pero pronto olvidó su promesa”.
Sexto. Santos Ramírez era el principal implicado en el caso Catler, que sólo se descubrió porque hubo un asesinato de por medio. De otra manera, “nadie se hubiera enterado de la millonaria corrupción del profesor rural convertido de la noche a la mañana en presidente de YPFB, la empresa estatal más importante. Al día siguiente Morales salió a defenderlo, pero un par de días más tarde tuvo que tragar sus palabras ante la evidencia aplastante presentada por la Policía. Santos Ramírez pasó unos años en la cárcel y está otra vez libre, probablemente gozando de los millones que nunca devolvió”.
Séptimo. El caso de Gabriela Zapata, pareja de Evo Morales, que también pasó unos años presa y “ahora goza en Cochabamba de su fortuna mal habida”.
Octavo. Fondo Indígena, que hizo “evaporar” cerca de 200 millones de dólares depositados en las cuentas personales de dirigentes de los prefabricados “movimientos sociales”, nidos de ladrones sin ética. “Nemesia Achacollo, protegida por Evo Morales, y otros pocos pasaron unos meses en la cárcel, pero el que denunció los hechos, Marco Antonio Aramayo, murió tras las rejas luego de varios años de hostigamiento y tortura sicológica”.
Noveno. Exprocuradores de la República, Héctor Arce Zaconeta, Pablo Menacho, César Navarro y Wilfredo Chávez, entre otros (…) se les acusa de haber “perdido” para Bolivia multimillonarios arbitrajes internacionales de los que aparentemente salieron favorecidos como individuos.
El caso Quiborax es emblemático porque el Estado boliviano acabó pagando 42,6 millones de dólares, más de diez veces de lo previsto inicialmente. “Es obvio que ahí operó el virus de la corrupción, nadie se cree el cuento de que los abogados bolivianos son tan inútiles. En total, se estima que gracias a estos pillos el Estado ha perdido en litigios internacionales más de 715 millones de dólares”.
Décimo. “Detrás de cada empresa estatal (todas deficitarias, creadas sólo para emplear a militantes), hay sobreprecios, malos manejos y uso indebido de bienes públicos: planta de urea, aeropuerto internacional de Chimoré, museo de Evo en Orinoca, sede de Unasur, ingenio en San Buenaventura, Papelbol, Emapa, empresa de hierro del Mutún, Yacimientos de Litio Bolivianos, YPFB, BoA, etc.
“Nunca en toda la historia de Bolivia la corrupción fue tan generalizada en el aparato del Estado y nunca los montos de los desfalcos fueron tan grandes. Los casos de corrupción durante las dictaduras militares o los gobiernos neoliberales son minúsculos por comparación. La podredura en las dos décadas masistas no sólo le ha hecho un daño económico al Estado, sino que deja dos generaciones de jóvenes ávidos de corromperse, porque esos son sus nuevos valores”, afirmó. (Brújula Digital)
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