Asegurando que el país atraviesa por una emergencia nacional a causa de la prórroga inconstitucional dispuesta por magistrados del Órgano Judicial, el jefe de bancada por Comunidad Ciudadana (CC), en Diputados, Enrique Urquidi, señaló que el país atraviesa por una crisis en los órganos del poder del Estado y señaló que está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) impedir un atropello por parte de los administradores de justicia. En conferencia de prensa convocada para anunciar la solicitud de CC para que la directiva de Diputados convoque a sesión plenaria y trate con “dispensación de trámite y voto de urgencia” los Proyectos de Ley aprobados por el Senado el pasado lunes, Urquidi sostuvo que existe una situación de emergencia que requiere de respuestas urgentes de la ALP. “Estamos en una crisis de los Órganos de Poder del Estado, estamos en una situación de emergencia nacional y una situación de conmoción”, afirmó el parlamentario. En esa línea, el legislador de oposición apuntó que la presente situación requiere de los mayores esfuerzos y toda la voluntad política por parte de los parlamentarios, todo con la finalidad de alcanzar soluciones y salidas al tema de las Elecciones Judiciales y la prórroga ilegal del TCP. Asimismo, sostuvo que el objetivo es claro y consiste en asumir medidas para evitar que las autoridades judiciales consigan ejecutar su prórroga de forma inconstitucional, hecho que consolidaría un atropello y una vulneración al orden constitucional. “Las tres fuerzas políticas tenemos que reconocer que estamos ante un escenario muy complejo y que requiere de una respuesta contundente e institucional de la Asamblea Legislativa Plurinacional, instancia que tiene la prerrogativa y la obligación de garantizar las elecciones judiciales y evitar esta prórroga”, puntualizó Urquidi, señalando además que si es necesario prescindir del receso parlamentario para alcanzar este fin, se lo hará. Asegurando que desde CC existe plena predisposición para entablar un diálogo abierto con todas las fuerzas políticas con representación en la ALP, reiteró Urquidi; puntualizó que en este momento está en manos de la Cámara de Diputados el dar esta respuesta institucional, “urgente y necesaria”, para impedir que se consume un acto prevaricador por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional. Consultado sobre los Proyectos de Ley aprobados el lunes por el Senado, destacó que las iniciativas referidas vayan en la línea de evitar la “autoprórroga inconstitucional del TCP”, acto que debe ser complementado con la mayor celeridad posible por la Cámara Baja. Desde el oficialismo, el diputado Jerges Mercado, precisó que una norma solo puede ser tratada con carácter de prioridad y sin dispensación de trámite, cuando se cumplen una serie de requisitos y circunstancias, por lo que en el caso de los Proyectos de Ley aprobados y remitidos por el Senado a la Cámara Baja, estos deberán seguir los procedimientos correspondientes. “Solo hay dispensación de trámite para el tratamiento de una ley cuando existe una catástrofe nacional declarada oficialmente, no es el caso en este momento, por lo tanto, lo que llega corresponde que se cumpla el reglamento y el procedimiento, tiene que ir a la comisión correspondiente”, dijo. Mercado también destacó las iniciativas presentadas para frenar la prórroga al mandato de magistrados y viabilizar la aprobación de una nueva norma de convocatoria para Elecciones Judiciales, sin embargo, señaló que es necesario recibir las notificaciones correspondientes y cumplir con todos los plazos establecidos. “No estamos de acuerdo con la prórroga, pero somos respetuosos de las decisiones que adoptan los órganos correspondientes, porque al no estar de acuerdo podemos ser acusados por desacato”, indicó. Al respecto, el diputado Juan José Jáuregui, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, a tiempo de anunciar que (hasta ayer) no se recibió una notificación formal que oficialice la entrega de los Proyectos de Ley aprobados en el Senado, indicó que las referidas normas cuentan con elementos que incurren en vulneraciones a la CPE, pero se debe esperar a realizar el análisis pertinente. “Son propuestas que tienen muchos conflictos de constitucionalidad, tomando en cuenta que la constitución expresa de manera categórica como un derecho fundamental el acceso a la justicia y también observa la imposibilidad de delegar funciones a ciudadanos que no fueron electos para esta responsabilidad”, dijo, reiterando que es necesario conocer las propuestas y los fundamentos para poder iniciar y concluir con los trámites respectivos. Asimismo, expresó observaciones a la premura que desde la Cámara Alta se aprueban normativas con evidentes faltas a la normativa vigente. “Pareciera que existe una conducta premeditada de parte de la Cámara de Senadores para que de manera permanente nos envíen normas que visiblemente están colisionando con la Constitución”, expresó.