Un estudio sobre sobre el Costo del Comercio Ilícito de Bebidas Alcohólicas establece que este ilícito mueve alrededor de 380 millones de dólares cada año entre contrabando y falsificaciones, y el costo fiscal de este mercado ilícito, en promedio, alcanza a los 220 millones de dólares anuales, de acuerdo al informe presentado por el autor, Gabriel Espinoza. Con el dinero que el Estado Boliviano dejó de percibir en los últimos siete años por efecto del comercio ilegal de bebidas alcohólicas, pudo haberse construido 22 hospitales de tercer nivel, cada uno con 200 camas, según establece el estudio “El Costo del Comercio Ilícito de Bebidas Alcohólicas”, elaborado por el economista José Gabriel Espinoza.Alcohol Ilegal El mercado ilícito de bebidas alcohólicas incluye al contrabando, las falsificaciones y también la producción ilegal o fuera de norma, aunque el estudio establece que el 75% de este mercado está compuesto por mercadería de contrabando y el 25% restante, corresponde a falsificaciones y producción fuera de la Ley. “Nuestras estimaciones sugieren que el mercado ilegal de alcohol en Bolivia mueve alrededor de 380 millones de dólares al año, lo que equivale 20% del total del mercado de alcohol en el país”, sostiene el autor de la investigación. Las principales bebidas internadas ilegalmente al país por la vía del contrabando son la cerveza y el vino, con una afectación directa a la industria nacional, mientras que las falsificaciones o la producción ilegal pasan más bien por bebidas con alta graduación alcohólica, como los destilados, de acuerdo al estudio. Los productores vitivinícolas ya expresaron su preocupación por el incremento del contrabando de productos argentinos, así como de chilenos, que ingresan al mercado sin pagar tributos y ofrecidos al público a bajos precios. Mientras los productores nacionales de bebidas alcohólicas deben pagar impuestos, como el Impuesto al Consumo Específico (ICE), que sumado a los que ya tributan, eleva el precio del producto en el mercado nacional. Espinoza sostiene que la carga tributaria es alta al resto de los países de la región, por ejemplo, en el país pagan 40 centavos de dólar en impuestos, mientras que en los vecinos oscila entre 22 a 25 centavos. A eso hay que sumar el diferencial cambiario de la divisa estadounidense en la región, pero en las naciones el tipo de cambio es flexible, mientras que en Bolivia el mismo es fijo y facilita la internación de productos de contrabando al país.Efectos en la salud Pero el comercio ilegal no sólo afecta al erario nacional, por omitir tributos, sino también a la salud, pues los productos ingresan al país sin ningún control sanitario y los falsificados son elaborado con insumos desconocidos. Hace tiempo pasó en La Paz con una persona, que ingirió bebidas adulteradas y perdió la vista, los médicos indicaron que fue provocado por el exceso del alcohol no procesado. La investigación sostiene que la pérdida de ingresos de tributos por el comercio ilegal de las bebidas alcohólicas, son significativas, los mismos podrían haberse destinado a la construcción de hospitales y a mejorar la educación nacional. “En términos de hospitales de tercer nivel afiliados al Seguro Universal de Salud (SUS) (que en el caso de algunas regiones no existen unidades en absoluto, como es Cobija), como único sistema de salud que ofrece la posibilidad de una cobertura completa a la población, se podrían haber construido al menos 22 unidades hospitalarias de 200 camas cada una, en los últimos siete años”, dice la investigación. El estudio estima que con los 22 hospitales se pudo haber universalizado la cobertura del Seguro Universal de Salud, para que llegue a cada boliviano o boliviana, porque con el incremento se hubiese alcanzado al indicador de los organismos internacionales que recomiendan que exista una cama de hospital disponible por cada mil habitantes. Alternativamente, el presupuesto para equipamiento y medicamentos distribuidos por el Seguro Universal de Salud pudo haberse triplicado en los últimos siete años, ya que en la actualidad las asignaciones presupuestarias del nivel central de Gobierno alcanzan a los 105 millones de dólares y podrían llegar a más de 331 millones. Si trasladamos las cifras a los recursos humanos tan necesarios (y demandados) en el sector salud, la evasión le cuesta al país la creación de 730 ítems cada año, personal que podría mejorar sustancialmente la atención de la población asegurada en el SUS.Efectos en la Educación Ahora, si trasladamos la pérdida fiscal del alcohol ilegal al campo de la educación, en los últimos siete años el Estado pudo haber incrementado la dotación de ítems para este sector en más de 42.000 puestos, que eventualmente cubrirían las necesidades de docentes, por cada estudiante matriculado, según los estándares internacionales y lo haría de manera muy holgada. Solo en el nivel inicial de educación sería posible alcanzar los 14 alumnos por profesor en aula, mientras que hoy día tenemos un poco más de 31 niños en cada aula de la educación inicial por cada docente. Si es que se decidiera pagar el Bono Juancito Pinto con los recursos provenientes de la pérdida por el mercado ilegal de alcohol, los recursos alcanzarían para cubrir incluso hasta un 44% del bono, o alternativamente, incrementar el bono otorgado a los estudiantes en un 40% sin afectar ninguna otra cuenta fiscal.Infraestructura municipal De no existir el mercado negro de bebidas alcohólicas, en el último septenio pudieron haberse financiado, en promedio 1.700 proyectos nuevos de mejoramiento vial consistentes en enlosetado de vías, canalización de torrenteras y mejoramiento/equipamiento municipal, como plazas y parques públicos. Estos 1.700 proyectos equivalen a más de 12,4 millones de metros cuadrados de vías mejoradas en todos los municipios del país. Con los recursos provenientes de este mercado ilegal podrían incluirse al menos 90 nuevos municipios en los programas de mejoramiento vial vigentes hoy en día, cubriendo prácticamente a la totalidad de los municipios del país en este tipo de programas, que hoy en día, dependen fuertemente de los recursos provenientes de créditos externos.