“Aseguramos el abastecimiento de carburantes en beneficio de actividades agrícolas, industriales, comerciales y de transporte en todo el país. Es así que entre enero y noviembre de este año se comercializó más de 4.200 millones de litros de gasolina y diésel, volumen superior en 4,3% a la venta registrada en similar período de 2022”, explicó el gerente de Comercialización de YPFB, Isaac Eliu Riveros. De acuerdo con los registros de venta, entre enero y noviembre de este año, el consumo de los productos en el mercado interno se concentró en el eje central del país. El departamento que más consumió estos combustibles fue Santa Cruz con un volumen superior a 1.471 millones de litros. El segundo mayor comprador de diésel y gasolina fue el departamento de La Paz, con más de 1.050 millones de litros consumidos. Más de 673 millones de litros se comercializaron en el departamento de Cochabamba, en el período mencionado. El Gobierno nacional a través de su brazo operativo YPFB conserva una mayor cantidad de autonomía y reservas de combustibles para casos de contingencia. El Plan de Contingencia que encara YPFB permite garantizar la logística del normal abastecimiento de hidrocarburos líquidos en el país, pese a shocks transitorios como el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y eventualidades en el mercado interno. La estatal petrolera abastece con combustibles a todo el país a través de sus zonas comerciales, en función a la demanda existente y garantiza el normal abastecimiento de gasolina especial y diésel oil en Bolivia. La logística de abastecimiento implementada y la capacidad de las plantas de almacenaje generan actualmente un stock en plantas. Producto del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, los precios de los combustibles se mantienen fijos en el país, escenario que preserva la buena calidad de los insumos, además que reduce el riesgo de una ola de inflación. Es una contribución que realizan YPFB y el Tesoro General del Estado, que ayuda a mantener la estabilidad económica en el país y favorece a no afectar el poder adquisitivo de la población boliviana.