De una proyección de 4,8% de crecimiento, las autoridades nacionales esperan que por lo menos llegue a 3%, mientras los organismos internacionales estiman que estará en el orden del 2% y la tendencia continúa en 2024, pues el Gobierno baja a 3,71%. Cae en la presente gestión y la desaceleración seguirá la próxima gestión. El Gobierno tenía proyectado que Bolivia iba a crecer en 4,86% en su Producto Interno Bruto (PIB) real, sin embargo, su meta la reajustó al 3%, pero es muy probable que crezca alrededor de 1,5%, tal como lo indicaron el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), según el análisis del presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero. Además, la economía está en un claro proceso de desaceleración ya que el 2021 creció 6,11% y el 2022 en 3,48%; en el PGE 2024 se estipuló un crecimiento del 3,71%, un pronóstico muy optimista y en contracorriente a las proyecciones internacionales, agregó. El economista Gonzalo Chávez dijo, en sus redes sociales, que la desaceleración comenzó en 2014, luego de alcanzar un crecimiento de 6,8% en 2013, hasta el 2019 la cifra llegó a 2,2%. De acuerdo a datos oficiales en 2020 se registró una recesión de -8%, pero en 2021 el rebote estadístico logró que el porcentaje subiera a 6,1%, pero en 2022 bajó nuevamente a 3,5% y en 2023 llegaría a menos de 3%. Chávez, en reiteradas oportunidades, sostuvo que el Gobierno está raspando la olla y una muestra de ello fue la pelea por la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 reformulado. La no aprobación del reformulado hubiera afectado a los pagos y aguinaldos en el Gobierno Central, así como en los subnacionales. “(…) la casi no aprobación del PGE 2023 reajustado, que iba a dejar sin recursos para gasto corriente sobre todo para municipios y universidades públicas, solo por temas políticos más que económicos”, apuntó Romero. Indicadores El Gobierno saca pecho por una inflación baja, que para los economistas es una inflación reprimida, también por una desocupación baja, pero no indican que la informalidad absorbió a los desempleados y trabajan en condiciones precarias. Además, en su momento Chávez indicó que se debería realizar una auditoría a la información del Instituto Nacional de Estadística, debido a que los datos distan mucho de la realidad económica de las familias. “(…) algo que es sobredimensionado por el Gobierno nacional, son sus indicadores estrella, la inflación y desocupación, que en el caso del 1ro. la variación del Índice de Precios al Consumidor ( IPC) a noviembre fue de -0,003%, con una inflación acumulada anual del 1,48%; en el caso del desempleo, la tasa de desocupación urbana a septiembre fue de 3,29%. Si bien, estos datos sitúan positivamente al país en comparación con los demás países de la región, sus metodologías de cálculo son cuestionables, ya que difieren bastante de la economía que se ve en las calles del país”, sostiene el titular de los economistas de Tarija. Asimismo, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce), a través de su gerente General, Gary Rodríguez, dijo que Bolivia terminará con déficit comercial la presente gestión después de tres años. Para Romero hasta el momento no fue un buen año para el comercio exterior, con datos del INE, en octubre hubo un saldo comercial negativo de 46,2 millones de dólares; en estos 10 meses, el país acumuló un déficit comercial por 375,5 millones, solo en 3 meses tuvimos superávit comercial. “En el sector hidrocarburífero, se presentó, durante el mismo período, un balance comercial acumulado desfavorable de 700,6 millones de dólares, exportamos menos gas natural e importamos más carburantes, lo que genera mayor presión en la balanza cambiaria”, complementó. Con respecto al déficit fiscal del país, el 2022 fue del -7,2% del PIB, gracias a la baja ejecución presupuestaria de inversión pública a nivel nacional; este año se espera cerrar la gestión con un -7,49%, cuya cifra es factible de lograr, porque se estima que la ejecución presupuestaria llegue al 75% y la inversión pública al 50%, menos gasto, menos déficit. En este mismo sentido, el 2023 se tuvo un 20% menos de recursos para inversión pública, para el 2024 se destinó 4.274 millones de dólares, un 7% más que el 2023; con la tendencia a la caída de ingresos fiscales y un déficit fiscal sostenido de 10 años, la ejecución seguramente será limitada, explicó Romero. Los indicadores de las Reservas Internacionales Netas están a la baja, se estima que están menos de 2.000 millones de dólares, mientras tanto la deuda pública va en crecimiento y la escasez de dólares no para, de acuerdo al análisis de Romero. “(…) el 2023 no fue un buen año para nuestra economía, la calificación es ‘mala’, como la dada durante todo el año por las principales calificadoras de riesgo e inversión internacional, que ven a nuestro país muy poco atractivo para traer capitales, para otorgar mayor deuda externa o para adquirir sus títulos de deuda pública, donde ven un riesgo grande por la caída sostenida del sus RIN y un déficit fiscal sostenido, con riesgos fundados de default y crisis de balanza de pagos”, concluyó.PGE 2024 Para el próximo año se vienen desafíos, pero el Gobierno sigue enfrascado en concentrar el 80% del presupuesto para sus gastos, mantener la burocracia estatal y apostar en sus empresas públicas deficitarias. El economista Antonio Saravia escribió en X @tufisaravia: Aprobarán un presupuesto que planea gastar el 80% del PIB. Tal cual y como lo lee. Y después, panchos, nos preguntamos porqué el país está en crisis… Mientras, el Senador Rodrigo Paz publicó en X @Rodrigo_PazP: A las #regiones del país debemos declarar la guerra (con propuestas) al #EstadoCentralista, no puede ser que concentre el 88% del Presupuesto y a las regiones nos deja el 12%. Debemos pasar al 50 y 50. Al poder centralista decirles que el 2025 se van a ir. Así también el economista Gabriel Espinoza Y. escribió en X @g_espinoza: Si la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no aprueba el Proyecto de Ley del Presupuesto 2024 que han enviado Lucho y su Ministro Florero, el Ejecutivo tiene la potestad de aplicar el Presupuesto como tal a partir del 1 de enero, pero no así la Ley del PGE, que incluye cambios en la normativa inconstitucionales y atentatorios contra el orden legal del país, como por ejemplo atribuirse la posibilidad de contratar endeudamiento sin permiso de la ALP. Entretanto, los dirigentes gremiales de El Alto sienten la crisis económica en sus ventas y bolsillos, por ello piden al Gobierno declarar arancel cero para los productos de la canasta familiar. «En #Bolivia no existe una buena economía porque el precio de los productos y verduras siguen elevándose», señalan.