Delegación de 10 representantes del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (Cicdha), junto a otras 35 organizaciones latinoamericanas presentaron el informe que desarrolla una exhaustiva investigación que evidencia violaciones a los convenios de derechos humanos y ambientales en proyectos relacionados a la minería, hidroeléctricas, hidrocarburos, infraestructura, industria agroalimentaria y energía.El informe sobre las “Actividades empresariales chinas y derechos humanos en América Latina” aborda casos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.“No es la primera vez que el Cicdha, canaliza estas preocupaciones al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no obstante, pese a la existencia de recomendaciones en ciclos anteriores del Examen Periódico Universal (EPU) y varios procedimientos especiales como el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), los esfuerzos de China por implementar mecanismos para regular la conducta de sus empresas e instituciones financieras, todavía son insuficientes e inefectivas”, afirmó Julia Cuadros, de CooperAcción (Perú), en representación del Cicdha.Según los informes presentados por el Cicdha, se han documentado violaciones a los derechos de comunidades indígenas en al menos 20 casos y 16 carecen de procesos de consentimiento previo, libre e informado (CPLI).De acuerdo a Jaime Palomino, Presidente del Pueblo Shuar Arutam (Ecuador), “el informe es una llamada de atención a la comunidad internacional y las entidades chinas sobre la necesidad de garantizar que las empresas y las entidades financieras estén obligadas a rendir cuentas de las violaciones a los derechos humanos y el medio ambiente en América Latina, particularmente, en casos donde no han logrado el consentimiento previo, libre e informado, como es el Proyecto minero San Carlos Panantza, en la Amazonía ecuatoriana”.El Colectivo exige que las embajadas chinas que constituyan canales formales de comunicación entre las organizaciones de la sociedad civil y las entidades chinas. Esto busca facilitar un diálogo eficaz sobre los conflictos ambientales y sociales vinculados a proyectos, con el fin de prevenir su escalada. (Brújula Digital)