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Viernes, 03 de Mayo de 2024

Medidas del TCP se enfocaron en impedir elecciones judiciales

El Diario
Martes, 12 de Diciembre de 2023

Tras el prolongado retraso del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para pronunciarse sobre una consulta de constitucionalidad previa del Proyecto de Ley transitorio para las elecciones judiciales, la senadora por la agrupación Creemos, Centa Rek, señaló que esta instancia buscó impedir estos comicios, cumpliendo órdenes del Gobierno, motivo por el cual se debe enjuiciar a los magistrados responsables de provocar un daño al país.
“Todas esas medidas del Tribunal Constitucional eran para impedir las elecciones judiciales, para no llevarlas a cabo, porque hay un interés en un ala del masismo para seguir nombrando autoridades a dedo y seguir usando la Justicia de manera discrecional; la posición de nosotros siempre fue clara, de plantear que se debe retornar al camino de las elecciones judiciales y que todos esos recursos dilatorios interpuestos, obedecen intereses del Gobierno”, aseguró Rek.Los primeros días de septiembre de 2023, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados elevó en consulta el proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024, aprobado en la Cámara de Senadores por unanimidad, a los ministerios de Justicia y Transparencia Institucional; de Planificación del Desarrollo,  y de Economía y Finanzas Públicas; además del Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional, en el afán de paralizar su tratamiento legislativo en Diputados.Asambleístas como Carlos Alarcón, señalaron que los constantes “sabotajes” y las “cortinas de humo” que se presentaron a lo largo del último tiempo, fueron producto de un “contubernio” entre el gobierno y el TCP para evitar la renovación del Órgano Judicial, por lo que se mantuvo en su posición de que se busca forzar una salida mediante la prórroga en el mandato de las actuales cabezas de la justicia.“Se viene la ‘autoprórroga’ por los propios Magistrados salientes. Una iniquidad”, indicó Alarcón.




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