El Ministerio de Asuntos Exteriores de Perú comenzó su escrito afirmando que el Estado peruano respeta los tratados y resoluciones que velan por la defensa de los Derechos Humanos, remarcando a continuación que no hubo desacato en este asunto tal y como aseguró en la víspera la Corte IDH. Asimismo, argumentó que ya se solicitó el 11 de diciembre a la Corte IDH que pusiera en marcha un mecanismo de supervisión del caso, como así ocurrió, y que por tanto, no existió desacato alguno. «Las sentencias recaídas en los casos aludidos por la Corte, fueron ejecutadas y se vienen implementando dentro de los parámetros de los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte», defendió Exteriores. La Corte IDH acusó al Estado peruano de desacato al no evitar la excarcelación inmediata que exigió el Tribunal Constitucional y permitir que continuara el proceso a pesar de que se ponía en riesgo el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Fujimori estaba cumpliendo una sentencia de 25 años por las matanzas de civiles en Barrios Altos y La Cantuta. Sin embargo, en diciembre de 2017 se benefició de un indulto humanitario concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero que la Justicia tumbó apenas unos meses más tarde, en verano de 2018. Tras varios años de trabajo del equipo de abogados del expresidente alegando problemas de salud por su avanzada edad, el Constitucional ha acabado dando ‹luz verde› a su excarcelación, que se produjo el pasado 7 de diciembre. Además de su condena a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno. (Europa Press)