Diversas organizaciones de la sociedad civil se reunieron con los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llegaron a Bolivia esta semana, para exponer las dificultades y falta de transparencia del Estado en la aplicación de las recomendaciones del informe del GIEI, respecto a la crisis del año 2019. Sin embrago, los presentes también aprovecharon la ocasión para expresarle al comisionado José Luis Caballero, quien encabezó la misión en su calidad de relator para Bolivia, su preocupación por los casos Golpe I y II, caso César Apaza, el caso de Marco Aramayo, Elvira Parra, Las Londras, caso Asamblea Permanente de Derechos Humanos y otros referidos al ejercicio de libertades de prensa, asociación, expresión y protesta que, si bien no se ajustan al marco temporal del informe, tienen relación con las recomendaciones de carácter estructural que el Estado debe implementar para fortalecer la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. La información sobre lo ocurrido en la audiencia con la sociedad civil fue proporcionada por las directoras ejecutivas de la red Unitas y de la Fundación Construir, Susana Eróstegui y Susana Saavedra, respectivamente. Eróstegui comentó que se hizo notar “la falta de investigaciones serias, efectivas, exhaustivas, diligentes y con pleno respeto del debido proceso en casos emblemáticos”. Saavedra comentó que como el informe de la Mesa de Seguimiento (Meseg) habla de la poca información que hubo frente a casos emblemáticos del informe, entonces la sociedad civil se refirió a la situación de la justicia, por lo que el relator preguntó sobre algunos casos. “En ese contexto hemos hablado de César Apaza, la situación que vivió en su momento Marco Aramayo, Elvira Parra, que sigue atravesando ese proceso, quienes son un ejemplo de los miles de casos a los que no podemos acceder para ver cómo opera la justicia, tanto en criminalización como en brechas para el debido proceso e injerencia en la justicia”, indicó Saavedra. La comitiva de la CIDH llegó a Bolivia para presentar el informe de la Mesa de Seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Grupo Especial Interdisciplinario (GIEI) que investigó los hechos de 2019, cuando más de 30 personas murieron en episodios violentos, luego de la renuncia de Evo Morales y la asunción de Jeanine Añez a la presidencia interina. A pesar del corto tiempo asignado (una hora aproximadamente), las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Fundación Construir, Comunidad de Derechos Humanos, ITEI (Instituto contra la tortura), Coordinadora de la Mujer, Unitas, Asociación Nacional de Periodistas, Cedib, Salvaginas expusieron los hallazgos encontrados en el seguimiento realizado a las recomendaciones, apuntando las dificultades, los vacíos y la falta de voluntad política del Estado para su implementación y resaltando que la agenda de derechos humanos en el país no es una prioridad. A su vez, la sociedad civil reiteró la importancia de ampliar el enfoque de las recomendaciones referidas a la reivindicación de las víctimas y las vulneraciones a sus derechos para que, a tiempo de cumplir las mismas, bajo principios de pacificación, no repetición y no revictimización, “no se utilice dicho reconocimiento con fines político-partidarios, pues ello profundiza la polarización existente en el país; el informe del GIEI tiene un efecto perverso”, manifestó Eróstegui. En este informe de medio término, se evaluó el papel del Estado en los aspectos referidos a la reparación de las víctimas, sin embargo, desde abril de este año y el próximo año, el Estado debe encarar reformas estructurales en la justicia y otros ámbitos como la discriminación y el racismo.SOBRE EL RELATOR Tanto Saavedra como Eróstegui destacaron la apertura de la comisión. “Establecer contacto con el comisionado José Luis Caballero, quien reemplaza a Joel Hernández, anterior relator para Bolivia, generó expectativa en las instituciones presentes considerando que el trabajo realizado por el excomisionado Hernández fue duramente cuestionado por su parcialización con las posiciones del gobierno del MAS”, señaló Eróstegui. “Ha sido bueno el espacio, ha habido mucha apertura de parte de la comisión”, evaluó Saavedra, quien explicó que los dos informes, tanto del GIEI como de Meseg “muy precisos porque describen que el Estado tiene poca transparencia”. Por eso, la directora de Construir dijo que “es muy importante tener mayor acceso a la información porque los avances han sido tenues”. Saavedra percibe que Caballero “está muy atento a lo que pasa en Bolivia (…) y ya se ha pronunciado varias veces por la independencia judicial”, además de hacer seguimiento a la situación de las elecciones judiciales.SOBRE EL AVANCE Referente a la afirmación de que el Estado sólo cumplió cuatro de 36 recomendaciones, Saavedra hace notar que para el primer año solo tenía que cumplir entre 10 y 12 indicadores, pero que, para este segundo año, que corre a partir de abril, se tienen que abordar los temas estructurales, donde “casi no hay ningún avance”. Explicó que entre estos temas está “la justicia, el racismo, la discriminación, que son los temas que el Estado no ha mirado en estos años”. Sin embargo, el balance de cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado, es más negativo que positivo, según han coincidido actores que asistieron a diversos encuentros con la comisión. Según el Primer Informe Meseg, presentado el 13 de noviembre pasado, 10 recomendaciones tienen un cumplimiento “parcial”; una tiene “cumplimiento parcial sustancial” y la que está “pendiente de cumplimiento” es la recomendación No. 9, que señala “que el Órgano Judicial haga un control permanente de las investigaciones, para garantizar la celeridad y el respeto al debido proceso legal, incluso con relación a las aprehensiones realizadas por el Ministerio Público y la Policía”. Entretanto, dos recomendaciones figuran como “totalmente cumplidas”. Una de ellas, la recomendación No. 10 indica que se debe “Garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones de los derechos humanos identificadas en este informe o en casos similares”, sin embargo, hay que recordar que, si bien se abrogó el decreto de amnistía observado, los principales cargos del MAS quedaron libres de procesos y de culpa. En el mes de octubre de 2021, mediante Decreto Presidencial N° 4571, se abrogó el Decreto Presidencial N° 4461 de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos que estaba vigente desde febrero de 2021. Si bien el Gobierno afirma que el Decreto N° 4461 no benefició a ninguna persona perseguida por razones políticas y que, desde su aplicación, el 18 de febrero de 2021 al 20 de octubre de 2021, 709 privados y privadas de libertad fueron beneficiados por razones humanitarias, los procesos que se abrieron contra dirigentes y exautoridades del MAS fueron extinguidos y estas personas no fueron acusadas nuevamente por delitos por los que fueron señaladas por los hechos de 2019. Según un recuento de Los Tiempos, del 24 de octubre de 2021, en este grupo hay varios dirigentes y exautoridades del MAS que fueron acusados de delitos de terrorismo, sedición o fraude electoral. Entre los beneficiados se encuentran los exministros Wilma Alanoca, Javier Zavaleta, Juan Ramón Quintana y Héctor Arce; además de Faustino Yucra, imputado por terrorismo junto a Evo Morales, por la intención de cercar a las ciudades, que luego de ser detenido después de intensa búsqueda, fue liberado. Otro caso es el del exdirigente de la Fejuve de La Paz, Jesús Vera, acusado por la quema de los buses PumaKatari y la casa del exdefensor Waldo Albarracín, durante los conflictos post electorales, que estuvo tres meses en la cárcel y luego con detención domiciliaria hasta que finalmente fue liberado de culpa. La justicia también rechazó las querellas contra los entonces dirigentes Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza, ahora senadores, y contra los líderes de la COB, por los bloqueos de agosto de 2020 y por no permitir el ingreso de oxígeno a las ciudades. La justicia levantó, además, el arresto domiciliario del ex asambleísta departamental de La Paz, Gustavo Torrico, acusado por terrorismo, sedición e instigación pública a delinquir. La abrogación del Decreto, activó la persecución política contra exautoridades del gobierno transitorio, dirigentes cívicos y otros. Los aportes y solicitudes de la sociedad civil a Meseg buscan superar los temas pendientes y promover el cumplimiento de los acuerdos y compromisos adoptados por el Estado boliviano en el marco del principio de transparencia y rendición de cuentas y su rol como garante de los derechos humanos, la verdad, la justicia y la reparación a todas las víctimas. (Brújula Digital)