En una requisa en el penal de San Pedro, La Paz, hace dos días se decomisó desde celulares hasta cuchillos, y el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, afirmó que bajaron “los niveles de violencia” y “conflictos” en las cárceles del país. Esta afirmación se contradice con los últimos hechos registrados en recintos carcelarios donde grupos de poder y autoridades extorsionan y abusan de los privados de libertad. Un reportaje de EL DIARIO evidenció hechos de extorsión de grupos de poder de presos hacia los propios internos, hasta el punto de llevarlos al suicidio en la cárcel de Morros Blancos, Tarija; abusos y represalias de autoridades carcelarias contra privados de libertad en El Abra, Cochabamba; pagar ‘derecho de piso’ o recibir golpizas en la cárcel de San Pedro, La Paz; el apuñalamiento de un reo en Palmasola, Santa Cruz; y se suma el nuevo conflicto en El Abra donde reos denuncian que desde hace tres meses hay falta y entrega irregular de medicamentos en casos de diabetes. En conferencia de prensa en puertas de la cárcel de San Pedro, La Paz, Limpias informó que los índices de violencia se redujeron por el “plan de operaciones en todos los centros penitenciarios del país, para sacar todos los objetos prohibidos”. “Hay más hacinamiento, hay más sobrepoblación, pero en vez de que haya más conflictos en los centros penitenciarios, (las requisas) han permitido controlar de mejor manera”, afirmó la autoridad sin mostrar datos concretos al respecto. LAS CONTRADICCIONES Sobre estos casos, los diputados de Creemos, José Carlos Gutiérrez y Leonardo Ayala denunciaron que existe corrupción al interior de las cárceles que vulnera los derechos humanos de los presos. “Las autoridades nacionales deben recordar que Bolivia ratificó convenios y tratados internacionales, por lo que están obligados a garantizar la seguridad de los privados de libertad”, dijo Gutiérrez a EL DIARIO. Ayala fue enfático al señalar que el Régimen Penitenciario no cumple con la Ley de Ejecución y Supervisión Penal, por lo que debe existir una administración privada que garantice que quienes no tienen sentencia no estén mezclados con los sentenciados. “Al interior de la cárcel quien debe controlar es el Gobernador, pero este pareciera que cumple un rol meramente administrativo, pues son los privados de libertad que crean sus grupos de poder y control”, afirmó Ayala LOS CASOS EN 4 CÁRCELES DEL PAÍS Los presos que no pueden cumplir con las extorsiones de los grupos criminales en Morros Blancos, se ven obligados a tomar la drástica decisión de quitarse la vida. Incluso bajo la amenaza que, si no lo hacen por voluntad, podrían tener una muerte mucho más dolorosa, informó la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Tarija (Apdht), Yolanda Herrera. Las amenazas también llegan hasta los familiares que están fuera de la cárcel. En esta gestión dos presos se suicidaron y en los últimos seis años 14 fueron asesinados. En octubre, privados de libertad del penal El Abra denunciaron a Régimen Penitenciario a la trabajadora social Karen U. por abuso de autoridad y corrupción contra de internos que sobreviven con emprendimientos. “Aquí el abuso es tremendo de parte de funcionarios del Régimen Penitenciario. Por haber denunciado sus abusos, en lugar de tomar acciones y soluciones, fue todo lo contrario, lo que hubo fueron represalias tremendas hacia todos (…) con el hostigamiento, el amedrentamiento y la falta de derechos humanos”, denunció un interno en contacto con ANF. La esposa de un privado de libertad de la cárcel de San Pedro, en La Paz, quien sufrió una golpiza, denunció las prácticas irregulares que existen dentro de ese penal, en cuanto a la comercialización de celdas y seguridad que oscila entre Bs 4 mil, además de las golpizas que sufrió su esposo. La mujer dijo que cuando reclamó ante el director del penal, éste le respondió: “sabe qué señora, así es la cárcel y no podemos hacer nada, la cárcel es la cárcel”. El pasado fin de semana en la cárcel de Palmasola, un ciudadano chileno, condenado a 20 años de cárcel, apuñaló a un recluso boliviano durante un altercado. Nicanor Curcuy, gobernador del penal, informó sobre el incidente y aseguró que se tomarán las medidas correspondientes. Privados de libertad de la cárcel de El Abra en Cochabamba denunciaron la falta de medicamentos para realizar sus tratamientos, sobre todo en los casos de diabetes. Señalaron que la constante interrupción en los tratamientos les viene generando complicaciones de salud y pidieron ayuda a Limpias para la provisión de los fármacos. (EL DIARIO y agencias)