La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cerró ayer en Montevideo el acuerdo comercial con los países de Mercosur (Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay) que la Unión Europea negocia con esta región desde hace 25 años y al que aún se opone Francia; cuyo presidente, Emmanuel Macron, avisó la víspera de que el pacto en su estado actual “es inaceptable”, pero no logró frenar a Bruselas. “No sólo es una oportunidad económica, es también una necesidad política”, destacó la jefa del Ejecutivo comunitario, en una comparecencia sin preguntas junto al presidente de turno de Mercosur y mandatario de Uruguay, Luis Lacalle Pou, para anunciar el acuerdo que ya avanzaron la víspera los ministros de Exteriores del Mercosur con el comisario de Comercio, Maros Sefcovic. “Estamos derribando barreras y permitiendo que entren inversiones, estamos formando un mercado de más de 700 millones de consumidores”, celebró Von der Leyen, quien destacó el “verdadero hito histórico” de un acuerdo entre las dos regiones. El nuevo marco permitirá, según las cuentas de Bruselas, ahorrar a las empresas europeas unos 4.000 millones de euros en aranceles cada año. Lacalle Pou, por su parte, puso en valor la importancia de dejar atrás una relación que “no generaba confianza” por la consecución de desacuerdos y pactos frustrados en las dos últimas décadas; al tiempo que defendió que se trata de mucho más que un pacto comercial Este es un acuerdo entre negociadores que necesita aún, del lado europeo, pasar un proceso de ratificación que llevará tiempo y que probablemente pasará por que Bruselas “trocee” el Tratado. De este modo, la parte comercial podrá ser adoptada por mayoría cualificada de los Veintisiete y evitar así que Francia pueda vetarlo si no gana apoyos suficientes para formar una minoría de bloqueo. También tendrá que ser ratificado por el Parlamento Europeo. La UE y Mercosur ya lograron un principio de acuerdo como este en 2019, pero en el proceso de ratificación chocó con las reservas de países como Francia e Irlanda, que reclamaron salvaguardas medioambientales más duras y cláusulas espejo para evitar una desventaja en los agricultores europeos. Estas exigencias son las que las partes negociaron en una declaración adjunta que completará el Tratado que negociaron.