Ante la crisis política, social, económica y ahora ambiental, el Gobierno deberá mandar señales que va cambiar su modelo para encarar las soluciones de manera integral. El primer paso es ampliar la base tributaria, reducir el gasto público y asumir acciones de corto plazo, como modificar el tipo de cambio y empezar a eliminar la subvención. El pasado fin de semana, el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó los datos de la inflación a agosto, y muestra que subió en comparación a julio pasado, 1,58% y el acumulado al octavo mes, llegó a 4,61%, porcentaje que superó lo proyectado por el Gobierno a principios de año de 3,6%. Si bien la inflación total alcanzó esa cifra, sólo el aumento en el valor de los alimentos casi llega al 8%, señaló el economista Gonzalo Chávez; hace semanas atrás, el exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), Gabriel Espinoza, indicó que a junio habría alcanzado a 6%. Dentro de los desafíos que indica Chávez, está la reforma tributaria. Explica que existen sectores que se han enriquecido con el modelo económico, como son los cocaleros, cooperativistas mineros y comerciantes grandes, que mueven alrededor de 25.000 millones de dólares al año. Sostiene que no se pide impuestos grandes, sino que su pudieran destinar un 2% o 3% al erario nacional, en especial cocaleros y cooperativistas, sumarían los ingresos del Gobierno. Como se recordará, el sector informal creció en el país y bordea el 80%, que no pagan los tributos que lo hacen las empresas formales, debido a la presión impositiva que realiza la entidad recaudadora. Organismos internacionales informaron que la presión tributaria es una de las más altas de la región, aunque autoridades de Gobierno negaron tal situación. Algunos economistas plantearon una reducción de los impuestos e incentivar la llegada de nuevos emprendimientos a través de la suspensión del pago de impuestos por un período de tiempo. Sin embargo, a la fecha se mantiene lo establecido en la norma tributaria, y se cobra desde el primer día el impuesto a los nuevos emprendimientos, y la base tampoco se amplió. La pasada gestión, los cooperativistas del oro negociaron con autoridades del sector económico para pagar un impuesto de solo 4%, acuerdo criticado por sectores formales que pagan el 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), más la transacción.