En un clima de creciente tensión, mineros y transporte pesado se han declarado en estado de emergencia y advierten con movilizaciones y bloqueos si el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no revisa un fallo que pone en riesgo a más de 100 mil familias que dependen de la cadena productiva del cemento. La sentencia amenaza la estabilidad de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) obligándolos a pagar más de cien millones de dólares, afectando a los miles de familias que dependen de su actividad. “Nos estamos declarando en movilización permanente porque esta decisión equivocada de los jueces pone en peligro nuestra fuente de trabajo y la estabilidad de miles de familias. No permitiremos que la justicia actúe por presiones políticas o intereses oscuros”, advirtió el presidente de la Cooperativa Multiactiva Catavi, David Cruz, que explota caliza en Cerro Catavi, Provincia Los Andes. El fallo judicial, duramente cuestionado por sectores productivos y laborales, ha encendido las alarmas en la comunidad minera y el sector del transporte pesado, que dependen directamente de la actividad de Soboce. “No solo están afectando a la empresa, están atentando contra toda la economía de nuestra región. Si no nos escuchan, tomaremos medidas drásticas”, sostuvo el secretario general del Sindicato de Transporte Pesado de Viacha, Macario Mollo. Ayer, centenares de mineros, choferes y transportistas protagonizaron una masiva protesta en el centro de La Paz, a pocos metros del Palacio de Gobierno, exigiendo que el Tribunal Supremo de Justicia revise su fallo y actúe con ecuanimidad. Aunque la movilización comenzó de manera pacífica, los dirigentes advirtieron que radicalizarán sus medidas si sus demandas no son atendidas. “No descartamos bloqueos de caminos y marchas hacia Sucre. No vamos a permitir que jueces que no entienden la realidad del país destruyan fuentes de trabajo y alejen la inversión extranjera. “Bolivia necesita dólares, no decisiones que ahuyenten el capital”, concluyó Mollo. El conflicto se agrava y amenaza con generar una crisis mayor si las autoridades judiciales no responden a las demandas del sector minero y del transporte pesado, quienes aseguran estar listos para paralizar el país en defensa de sus empleos.