El Gobierno de Daniel Ortega recrudeció su estrategia autoritaria y la persecución de la disidencia en los últimos años, hasta el punto de prácticamente «fusionar» las instituciones del Estado con los intereses de su propio partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), para instaurar «una maquinaria unificada de represión» con efectos dentro y fuera del país centroamericano, según un informe divulgado ayer por la ONU.El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, con mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, acusó a Ortega y a su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo, de «afianzar progresivamente» el «control total», sirviéndose incluso de una extensa red de vigilancia responsable de denunciar en última instancia cualquier desviación de la línea oficial del régimen.Para estos expertos, el golpe definitivo al Estado de derecho fue la reforma constitucional que entró en vigor el 18 de febrero y que puso “de facto” todos los poderes del Estado al servicio de la Presidencia, a la que corresponde la tarea última de coordinación. El Gobierno controla, además, «un vasto aparato de actores estatales», entre ellos las fuerzas de seguridad y el Ejército.La deriva antidemocrática se agudizó tras las protestas de 2018, que dejó más de 300 muertos, y se tradujo en detenciones arbitrarias, expulsiones forzadas y privación de nacionalidad. Los expertos tienen constancia de más de 450 retiradas de la ciudadanía a personas percibidas como opositoras. CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDADEl informe viene a confirmar patrones que podrían ser constitutivos de crímenes de lesa humanidad, particularmente la persecución por motivos políticos. El Grupo de Expertos recopila una serie de nombres como presuntos responsables, entre ellos los de Ortega y Murillo, con vistas a hacer pública la lista en las próximas semanas.Por este motivo, instan a la comunidad internacional a brindar un mayor apoyo a la sociedad civil nicaragüense y a tomar medidas contra las autoridades, recomendando incluso emprender acciones legales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por presuntas violaciones a la Convención contra la Tortura y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, así como ampliar las sanciones individuales.(EP)