La criminalización de defensores de Derechos Humanos y ambientales se ha profundizado en el país a través del ejercicio sistemático de la persecución judicial a quienes defienden la naturaleza, las áreas protegidas, los pueblos indígenas y sus territorios, frente al avance del extractivismo ilegal y depredador, según el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en declaraciones a ANA.“La activación de denuncias penales contra los defensores de derechos humanos en asuntos medioambientales no solo es inapropiada, sino que contraviene disposiciones constitucionales y convenciones internacionales que el Estado boliviano ha ratificado”, señaló Callisaya sobre una denuncia penal activada por YPFB en contra de 29 personas que defendieron la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, al sureste del país.Callisaya admitió que existe un “patrón de incumplimiento de compromisos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y transparencia por parte del Estado”, así como una vulneración al derecho a la información y la participación pública en cuanto a decisiones que afectan a la salud pública y el medioambiente.“Llama mucho la atención que quienes protegen el patrimonio natural sean perseguidos o enfrenten procesos penales por ejercer su derecho a defender el medioambiente. Se deben evitar acciones que puedan ser consideradas intimidatorias, represivas o que impidan el desarrollo normal de su labor”, acotó.Respecto a una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para escuchar las voces de defensores ambientales criminalizados, recordó que esta organización no tiene la facultad de influir sobre decisiones judiciales nacionales, pero sí puede emitir recomendaciones al Estado boliviano.Asimismo, advirtió que “la falta de un claro mecanismo de implementación y vinculación de la consulta previa, libre e informada en Bolivia puede generar distorsiones en la práctica, favoreciendo intereses extractivistas sobre los derechos de las comunidades afectadas”, lo que puede derivar en la imposición de proyectos sin consideración de preocupaciones y necesidades de las poblaciones locales.